El gobierno federal obtuvo prórrogas de sus contratos con dos provincias para mantener tras las rejas a detenidos por causas administrativos inmigratorios, informó esta semana Radio Canadá. En Canadá, un migrante nunca sabe cuándo saldrá de prisión, porque aquí no hay límite de tiempo para la detención de inmigrantes. La gran mayoría está detenida porque se duda que se presenten a los procedimientos de inmigración, como la deportación.
Alberta estaba a punto de convertirse en la primera provincia canadiense en negarse a encarcelar en sus prisiones a inmigrantes detenidos por el gobierno federal. Su contrato de detención de inmigrantes venció el 30 de junio de 2023, seguido de Columbia Británica a fines de julio.
Sin embargo, el gobierno federal ha obtenido que las dos provincias extiendan sus acuerdos actuales: Alberta hasta el 29 de septiembre de 2023 y Columbia Británica hasta el 31 de octubre de 2023 de acuerdo a ministro federal de Seguridad Pública, Marco Mendicino, jefe de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA), entrevistado por Radio Canadá.
Expertos y abogados consideran que el encarcelamiento de migrantes con asuntos migratorios es una violación del derecho internacional. Además, en Canadá, un migrante nunca sabe cuándo saldrá de prisión, porque aquí no hay límite de tiempo para la detención de inmigrantes.
Columbia Británica, sin embargo, aclaró que la extensión sólo afecta a los extranjeros ya encarcelados y que ya no aceptará nuevos inmigrantes detenidos a partir del 1 de agosto de 2023.
Hasta el momento, ocho provincias, incluidas Ontario y Quebec, le han dado a Ottawa el aviso necesario de un año para rescindir sus acuerdos de detención de inmigrantes.
Grupos canadienses e internacionales enviaron una carta al primer ministro Justin Trudeau exigiendo que su gobierno deje de encarcelar a los inmigrantes de inmediato. Estos grupos expresaron su preocupación por que el gobierno federal ha comenzado a transferir a los inmigrantes detenidos de una provincia a otra, en lugar de liberarlos.
La gran mayoría de las personas detenidas en virtud de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados son detenidas porque a la Agencia le preocupa que no se presenten a los procedimientos de inmigración, como la deportación.
Si bien la cantidad de inmigrantes detenidos se redujo a alrededor de 3000 entre 2021 y 2022, casi una cuarta parte seguía encarcelada en celdas provinciales. Los demás fueron enviados en su mayoría a uno de los tres centros federales de detención de inmigrantes.
La oficina del ministro Mendicino dice que su gobierno continúa reduciendo el uso de las cárceles y que tres cuartas partes de los que aún están en ellas están vinculados a delitos graves.
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