El proyecto de ley C-12 en Canadá enfrenta una creciente ola de cuestionamientos por parte de organizaciones sociales, expertos y defensores de derechos humanos, quienes advierten que la normativa podría tener consecuencias graves para la salud y la seguridad de refugiados y migrantes.
La iniciativa, impulsada por el gobierno federal para reforzar el sistema migratorio y el control fronterizo, introduce medidas más estrictas para solicitar asilo y amplía los poderes del Estado sobre los procesos migratorios.
Sin embargo, diversas organizaciones alertan que estas disposiciones podrían limitar el acceso a evaluaciones justas y aumentar el riesgo de deportaciones hacia contextos peligrosos.
Entre las principales preocupaciones figura el posible impacto en la salud física y mental de las personas migrantes, debido a la incertidumbre legal, el endurecimiento de los procesos y la reducción de garantías. Además, se teme que la ley deje sin protección a quienes no soliciten refugio dentro de ciertos plazos o enfrenten barreras para hacerlo.
Organismos internacionales también han advertido que la normativa podría vulnerar compromisos humanitarios de Canadá, al restringir el derecho de asilo y aumentar la exposición de personas vulnerables a situaciones de riesgo.
En medio del debate, el proyecto sigue generando divisiones: mientras el gobierno sostiene que busca ordenar el sistema y reducir abusos, críticos insisten en que podría marcar un giro hacia políticas más restrictivas en materia migratoria.
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