Por Jackeline Barragán
Toronto ha tenido en el último mes un aumento simultáneo en el contagio de personas por COVID-19 y en la frustración de sus habitantes por la conducción errática y confusa que el gobierno provincial le ha dado a la pandemia.
El COVID-19 apareció en Toronto hace nueve meses y el gobierno provincial de Ontario parece querer detenerlo con lavada de manos, uso de máscara, cuarentena, distancia social, testeo, cierre de establecimientos públicos y restricción de actividades por códigos de colores. Estas medidas, si bien son urgentes y necesarias, no son suficientes porque el COVID-19 nos está afectando en forma diferencial.
“No todos somos iguales cuando se habla de esta pandemia. El que tengas o no COVID-19 no debería depender de dónde vives, de cuánto dinero ganas, o del color de tu piel. Pero nuestra información nos muestra que lo hace”, dijo el concejal Joe Cressy, director de la Junta de Salud de Toronto, quien llamó a la ciudad y a la provincia a tener Planes de Acción de Equidad para guiar la respuesta a la pandemia.
Los indicadores usados por el gobierno para determinar la gravedad de la situación han estado limitados al número nuevo de casos, muertes por COVID y capacidad de las unidades de cuidados intensivos.
Cuando las cifras gubernamentales empezaron a ser analizadas, investigadores y organizaciones sociales notaron inmediatamente que las zonas calientes de COVID se superponían perfectamente con áreas que tradicionalmente han sido identificadas como áreas con alta inequidad socioeconómica y presionaron para que se empezara a utilizar otro tipo de indicadores que permitieran establecer medidas de corto y largo plazo para contener el virus y sentar las bases necesarias para reducir o eliminar esas inequidades —socioeconómicas y de salud— en las comunidades más afectadas.
La presión de académicos, profesionales de la salud y activistas logró que en mayo de 2020, el Departamento de Salud Pública de Toronto (TPH) empezara a documentar nuevas variables de las personas contagiadas, como pertenencia a grupos étnico o racial, comunidades indígenas, niveles de ingreso y número de personas en el hogar. Los primeros análisis dejaron en claro que el 82% de los casos reportados de COVID en Toronto eran de personas que pertenecían a algún grupo étnico o racial diferente al caucásico, lo cual resultaba desproporcionado si se considera que un 52% de los torontianos son identificados como pertenecientes a un grupo étnico o racial. De acuerdo con los cálculos de Salud Pública de Toronto, una persona con diversidad étnica o racial en Toronto tiene 3.4 veces más probabilidad de contraer COVID-19 que una persona blanca, lo cual, puesto en otra perspectiva, significa también que su probabilidad de morir es mayor.
Las cifras también han mostrado que la mitad de los casos de COVID en Toronto corresponden a personas que viven en hogares de bajos ingresos (48%), profundizando los niveles de pobreza y ampliando las disparidades económicas que existían antes de la pandemia.
Son varias las explicaciones que se han dado a la mayor vulnerabilidad de las comunidades marginalizadas y de bajos ingresos al virus: mayor número de personas por vivienda, presencia de múltiples generaciones en la casa, mayor exposición relacionada con trabajos que requieren presencia física (trabajadores de la salud o trabajadores sociales, transporte, limpieza, alimentación, contacto con clientes en almacenes), uso de transporte público, empleo precario, problemas de salud preexistentes y con condiciones crónicas, bajos niveles nutricionales, poca conectividad digital, falta de información sobre la pandemia para personas que no entienden el inglés, entre otros.
Kate Mulligan, Profesora Asistente en la Universidad de Toronto, dijo en una entrevista realizada por Global News que, aunque “tenemos ahora la información sociodemográfica, racial y de casos positivos de COVID a nivel de barrios, esos datos no han sido publicados” y no han sido usados para establecer una estrategia exhaustiva y de largo plazo que considere las variaciones regionales y, dentro de ellas, las condiciones particulares de cada comunidad.
Pareciera existir una resistencia en las esferas gubernamentales por no considerar esta importante información. Para algunos, como el Dr. David Williams, Director médico de Ontario, “los grupos identificados como de más alto riesgo son los ancianos, las personas con afecciones subyacentes y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos.” Para él, y muchos otros en posiciones de poder y toma de decisiones, esas son las poblaciones prioritarias porque la información que están revisando responde a un modelo clínico que no considera los determinantes sociales de la salud.
Si se consideran herramientas como la equidad en el área de la salud, entonces otras soluciones de corto y largo plazo son necesarias, como las planteadas por 140 organizaciones que fueron representadas en la consulta comunitaria adelantada por Salud Pública de Toronto que incluyen: un programa de reducción de pobreza (incluyendo un ingreso universal básico), un programa de vivienda accesible (con apoyo a la vivienda asistida y a los hogares para adultos mayores), un programa de seguridad alimentaria (con acceso a comida culturalmente apropiada), mejores salarios y beneficios para trabajadores (incluyendo trabajadores migrantes) y, sobre todo, un sistema equitativo de salud que ponga sobre la mesa las problemáticas de comunidades que han experimentado discriminación sistemática (afrodescendientes, latinas, indígenas, y de bajos ingresos), como aquellas que debido al COVID han sido estigmatizadas (la china).
Por ahora, a los residentes de Toronto y la provincia de Ontario, nos toca poner nuestra frustración en la categoría naranja (restricción) y esperar que quienes toman decisiones utilicen más efectivamente la información que están recolectando, incluyan en sus decisiones la voz de quienes están en comunidades vulnerables y pongan su mirada en una sociedad más equitativa como garantía de bienestar para todos.
Jackeline Barragán egresada del programa de magister en Planeación de la Universidad de Toronto y he trabajado en el área comunitaria por más de 30 años.