La historia de la muerte asistida en Canadá tiene hoy un rostro humano y desesperado: el de Claire Brosseau. A sus 49 años, esta exactriz de Toronto vive atrapada no por una enfermedad terminal física, sino por un trastorno bipolar incurable y un dolor emocional que la acompaña desde la infancia. Para Claire, la ley canadiense es una promesa incumplida; una puerta que se abre para quienes padecen cáncer, pero que se cierra sistemáticamente para quienes, como ella, han agotado décadas de medicamentos y terapias sin alivio.
Mientras el gobierno federal en Ottawa debate en comités parlamentarios, la realidad en las calles muestra una sociedad dividida:
La mayoría ciudadana ve la muerte asistida como una práctica humanitaria ya integrada en el sistema de salud (con más de 16,000 casos en 2024).
La comunidad médica está en un dilema ético profundo. Muchos psiquiatras sostienen que es imposible certificar una enfermedad mental como “incurable” y temen que el deseo de morir sea solo un síntoma tratable de la misma patología.
El panorama se complica por la fragmentación política del país. Mientras la ley federal preveía incluir los trastornos mentales para marzo de 2027, provincias como Alberta han desafiado al gobierno de Mark Carney, aprobando leyes locales que restringen el acceso solo a quienes tienen menos de un año de vida. A esto se suman batallas judiciales en Columbia Británica, donde se cuestiona si los hospitales católicos financiados con fondos públicos pueden negar este derecho basándose en la libertad religiosa.
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