Por Vilma Filici
La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a la National Citizenship and Immigration Conference (NCIC) 2026 en Mississauga, Ontario. La conferencia reunió a consultores de inmigración, abogados, representantes gubernamentales y otros profesionales del sector para analizar los cambios más recientes en el sistema migratorio canadiense y discutir los desafíos que enfrenta una industria que parece encontrarse en constante transformación.
Encontré la conferencia particularmente interesante porque me permitió dar mi opinión durante mi presentación, pero también observar no solamente los cambios que están ocurriendo dentro del sistema migratorio, sino también las distintas visiones sobre cómo deberían enfrentarse esos cambios.
A lo largo de las diferentes sesiones surgieron temas recurrentes como la inteligencia artificial, la integridad de los programas migratorios, los estudiantes internacionales, el sistema Express Entry, el mercado laboral, el control fronterizo y, especialmente, la Ley C-12 (Strengthening Canada’s Immigration System and Borders Act.)
Uno de los aspectos más interesantes de la conferencia fue precisamente la amplitud de los temas abordados. Se discutieron los avances tecnológicos dentro de los procesos migratorios, los cambios en los programas económicos, las crecientes exigencias para estudiantes internacionales, los desafíos que enfrentan los empleadores y las preocupaciones relacionadas con el sistema de refugio. Aunque cada sesión tenía un enfoque distinto, todas parecían girar alrededor de una misma idea: el gobierno está buscando un mayor control sobre el sistema migratorio, mientras que los profesionales intentan comprender qué impacto tendrán esos cambios sobre las personas que dependen de dicho sistema.
La modernización tecnológica ocupó un lugar importante dentro de la conferencia. Se habló del uso creciente de inteligencia artificial y automatización dentro de los procesos de inmigración y de cómo estas herramientas están transformando la manera en que se gestionan los expedientes. Nadie puede negar que la tecnología tiene el potencial de mejorar la eficiencia administrativa, sin embargo, también resulta inevitable preguntarse hasta qué punto los procesos automatizados pueden afectar la transparencia y la capacidad de comprender por qué ciertas decisiones son tomadas. Para quienes trabajamos directamente con clientes, esta es una conversación que apenas comienza.
También se discutió ampliamente la integridad de los programas migratorios. Los representantes gubernamentales enfatizaron en la necesidad de proteger el sistema frente a abusos y mantener la confianza pública. Sin embargo, la búsqueda de integridad no debe convertirse en una justificación para imponer obstáculos innecesarios a quienes cumplen legítimamente con los requisitos.
Las discusiones sobre estudiantes internacionales reflejaron los cambios que hemos observado durante los últimos años. Las nuevas restricciones y controles evidencian que el gobierno está reconsiderando el papel de este programa dentro del sistema migratorio canadiense, haciendo que la planificación estratégica sea más importante que nunca.
Otro tema recurrente fue la relación entre inmigración y mercado laboral. Las conversaciones sobre el sistema Express Entry y selección por categorías mostraron cómo las prioridades económicas están influyendo cada vez más en quién recibe oportunidades dentro del sistema migratorio. Esto no resulta sorprendente. Canadá utiliza la inmigración como una herramienta para responder a necesidades económicas y demográficas. Sin embargo, también plantea preguntas importantes sobre qué ocurre con aquellas personas cuyas habilidades o circunstancias no encajan perfectamente dentro de las prioridades del momento.
Pero, aunque todos estos temas fueron relevantes, las sesiones que más captaron mi atención estuvieron relacionadas con el Proyecto de Ley C-12 y el sistema de refugio.
La sesión dedicada al Proyecto de Ley C-12 permitió escuchar directamente la posición del gobierno respecto a esta iniciativa legislativa. Los representantes explicaron las razones detrás de la propuesta y los objetivos que se persiguen mediante estas reformas. Desde la perspectiva gubernamental, los cambios buscan responder a las presiones que enfrenta actualmente el sistema de asilo, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la capacidad del Estado para gestionar un volumen creciente de solicitudes.
Sin embargo, la sesión sobre refugio y asilo presentó una visión muy diferente sobre el mismo tema.
Mientras que la discusión sobre la ley C-12 se centró principalmente en eficiencia y gestión, la sesión sobre refugio se enfocó en derechos y protección. Los panelistas analizaron algunas de las preocupaciones que han surgido respecto a la compatibilidad de ciertas disposiciones de la ley con la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, particularmente con la sección 7, que protege el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona.
La discusión planteó una pregunta fundamental: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su intento de hacer más eficiente el sistema sin afectar derechos fundamentales?
Esta no es una pregunta sencilla. El gobierno tiene obligaciones internacionales que cumplir y a su vez tiene la responsabilidad de administrar recursos limitados y responder a desafíos operativos reales. Sin embargo, también tienen la obligación de garantizar que las personas que buscan protección tengan acceso a procedimientos justos y significativos. Cuando hablamos de refugiados, no estamos hablando simplemente de expedientes o estadísticas. Estamos hablando de personas que alegan enfrentar persecución, violencia o riesgos graves para su seguridad.
Como profesional que trabaja regularmente con solicitantes de refugio, considero que este debate será uno de los más importantes en los próximos años. La búsqueda de eficiencia es legítima y necesaria. Sin embargo, la eficiencia por sí sola no puede convertirse en el objetivo principal de un sistema cuyo propósito incluye la protección de personas vulnerables. Y un sistema más rápido no necesariamente es un sistema más justo, por lo que encontrar el equilibrio adecuado seguirá siendo uno de los mayores desafíos para quienes diseñan las políticas migratorias.
Más allá del contenido de las sesiones, la conferencia también permitió intercambiar experiencias con colegas de distintas partes del país. Muchas de las conversaciones informales reflejaron preocupaciones similares: cambios constantes en las políticas, creciente complejidad de los programas y una sensación general de incertidumbre respecto al rumbo que tomará el sistema migratorio durante los próximos años.
Al finalizar la conferencia, me llevé una mejor comprensión de las tensiones que actualmente definen el sistema migratorio canadiense. La NCIC 2026 no ofreció respuestas simples, pero sí dejó algo claro: estamos atravesando un período de cambios profundos.
Las discusiones sobre inteligencia artificial, integridad de los programas, estudiantes internacionales, Express Entry, refugio y la Ley C-12 reflejaron un sistema que busca responder a presiones cada vez mayores, pero que al mismo tiempo genera nuevas interrogantes sobre acceso, equidad y protección.
Más que optimismo, me llevé una sensación de cautela. Canadá continúa siendo un país de oportunidades para muchas personas, pero navegar el sistema migratorio se ha vuelto considerablemente más difícil que hace apenas unos años. Las reglas cambian con frecuencia, los programas evolucionan constantemente y la incertidumbre parece haberse convertido en una característica permanente del sistema. Para los solicitantes, esto significa enfrentar procesos más complejos y menos predecibles. Para quienes ejercemos en esta profesión, significa asumir la responsabilidad de mantenernos informados, adaptarnos rápidamente y ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones en un entorno donde las respuestas sencillas son cada vez más escasas.
Quizás esa fue la reflexión más importante que me dejó la NCIC 2026. La inmigración canadiense continúa evolucionando, pero no necesariamente hacia una mayor simplicidad. Por el contrario, cada cambio parece añadir nuevas capas de complejidad a un sistema que ya era difícil de navegar. En este contexto, el papel de los profesionales de inmigración adquiere aún más relevancia. No solamente debemos comprender las reglas actuales, sino también interpretar hacia dónde se dirige el sistema y cómo esos cambios pueden afectar a las personas que depositan en Canadá sus planes, sus esperanzas y, en muchos casos, su futuro.
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