Los últimos centros de consumo de drogas supervisado que aún operaban en la ciudad encaran sus días finales. El próximo 13 de junio de 2026 vencerá el plazo definitivo de 90 días otorgado por el gobierno de Ontario, el cual retiró por completo el financiamiento público y las protecciones legales a este modelo de reducción de daños para imponer un sistema enfocado estrictamente en la abstinencia y la rehabilitación.
La medida marca el golpe final a una red de salud comunitaria que comenzó a desmantelarse en marzo de 2025. En ese momento, la entrada en vigor de la ley Community Care and Recovery Act prohibió la operación de estos espacios a menos de 200 metros de escuelas o guarderías, forzando la clausura inmediata de cinco de las sedes más activas de la metrópoli, incluidas las de Toronto Public Health y South Riverdale.
Ahora, los centros restantes —como Moss Park OPS y Fred Victor— se ven obligados a apagar sus luces debido a la asfixia presupuestaria provincial. Los sitios de emergencia que operaban dentro de la red de albergues municipales también han desaparecido casi en su totalidad al no poder renovar sus permisos de operación.
Un giro radical hacia los “HART Hubs”
El gobierno provincial ha defendido firmemente la reestructuración. Bajo el argumento de que las salas de consumo perjudicaban la seguridad de los vecindarios y propiciaban la delincuencia, la provincia está redirigiendo los fondos hacia los nuevos centros HART (Homelessness and Addiction Recovery Treatment).
Estas nuevas instalaciones prometen un acceso integral a tratamientos de adicciones, terapia psicológica y apoyo de vivienda. Sin embargo, el lineamiento oficial es tajante: los centros HART tienen estrictamente prohibido ofrecer supervisión de consumo de sustancias o programas de intercambio de jeringas limpias.
Alarmas en el sector salud
La transición ha desatado una intensa oleada de protestas y preocupación entre médicos, hospitales y organizaciones civiles. Diversos portavoces del sector salud advierten que el cierre total de estos refugios sanitarios empujará el consumo a la vía pública y disparará las muertes por sobredosis de fentanilo.
Apenas a unos días de que expire el plazo, paramédicos y hospitales locales ya reportan un incremento en las llamadas de emergencia en el centro de Toronto, mientras los colectivos civiles agotan sus últimos recursos legales en las cortes para intentar frenar una desconexión que consideran catastrófica.
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Este libro es un desde dentro sobre un paso importante y controvertido en el esfuerzo estratégico de la Columbia Británica para responder a la crisis de sobredosis. En Decrim , Kennedy Stewart, alcalde de Vancouver de 2018 a 2022, relata los avances históricos logrados para abordar esta crisis.
Canadá se encuentra en medio de una crisis de opioides. Desde que la provincia de Columbia Británica declaró una emergencia de salud pública en 2016, más de 9400 personas han muerto por intoxicación con drogas en la provincia (un promedio de seis personas al día), con casi 1500 muertes aparentemente relacionadas con opioides en los primeros ocho meses de 2022.
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