Por Vilma Filici (filici@filici.com)
Hace varias semanas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos Human Rights Watch y Amnesty International dieron a conocer un reporte en el que establecen que Canadá está violando los derechos humanos y, específicamente, los derechos fundamentales de libertad a los migrantes que son detenidos por el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC).
Concretamente se refieren al hecho de que una persona que es detenida por una cuestión migratoria, ya sea porque se quedó más del tiempo autorizado en el país, porque trabajó o estudió sin permiso, etcétera, puede terminar siendo detenida en una cárcel común, en una cárcel de las provincias o, en el mejor de los casos, en un Centro de Detención.
Las dos organizaciones plantean que esto es injusto y en contra de la libertad de estas personas, y sugiere la realización de una campaña en la cual se le pida a los primeros ministros de las distintas provincias del país que no le permitan al gobierno federal poner a inmigrantes en las cárceles comunes de sus provincias.
Hay que recordar que el gobierno federal tiene acuerdos con las provincias que admiten enviar a los detenidos migratorios a las cárceles comunes, ya que los centros de detenciones no dan abasto para la cantidad de personas retenidas. Únicamente hay tres Centros de Detención de Inmigración en todo el país.
Pero ¿cuál es la diferencia entre tener a los inmigrantes detenidos en un Centro de Inmigración, que son centros de detención administrados por el IRCC, y tenerlos en una cárcel común? Y la diferencia es abismal.
Primeramente, cuando detienen a una persona por cuestiones migratorias, les ponen esposas en la manos y cadenas en los pies como si fuesen criminales peligrosos, algo absolutamente innecesario que traumatiza a las personas.
En el centro de detención, por ejemplo, el detenido está en cuartos comunes con las puertas abiertas. Hay guardias y no pueden salir, pero pueden ir a las áreas comunes donde se juntan y hablan con todos los demás internos. Tienen acceso al teléfono en cualquier momento, pueden tener el número de visitantes que quieran durante el horario de visitas, etcétera; mientras que, en las cárceles provinciales, aunque sean detenidos de inmigración, son tratados exactamente como los reos comunes.
Así, en las cárceles, los inmigrantes están dentro de sus celdas la mayor parte del día, solamente tienen un periodo corto para hacer algo de ejercicio, pueden tener por semana solamente dos llamadas telefónicas y dos visitas (eso incluye a sus abogados). Es decir, que los tratan como si fuesen personas peligrosas para la sociedad. Además, los detenidos de inmigración sufren las mismas consecuencias que los presos comunes cuando hay cierres o alarmas en las cárceles, lo que implica que les suspenden las visitas, no tienen acceso a llamadas telefónicas, etc.
El otro problema que cita el reporte es que no hay una idea de cuándo se va a terminar la detención. Una persona puede estar internada durante meses o años simplemente porque les falta documentación o por otros motivos menores.
Otro elemento de vital importancia a destacar es que cuando a una persona la detienen por un asunto migratorio, esta tiene la posibilidad de ser puesta en libertad por el mismo oficial que dio esa orden. Si esto no sucede, la persona tiene derecho a una audiencia para que un miembro de la División de Inmigraciones decida si lo liberan o no dentro de las 48 horas de haber sido detenido. Si no consigue su liberación, tiene la posibilidad de otra audiencia a los 7 días de la primera. Si incluso así continúa preso, puede acceder a otra audiencia a los 30 días de la primera, y luego las siguientes cada 30 días.
Sin embargo, hemos visto casos dónde las personas han estado detenidas por muchos meses, y el factor principal del porqué de su situación es que un miembro del Consejo de la División de Inmigración o un Oficial de Inmigración han determinado que la persona tiene que mantenerse retenida ya que es un peligro para la sociedad, porque no está identificada, no tiene documentación, porque es un riesgo para la sociedad en términos de terrorismo o crímenes de lesa humanidad, etc., o porque si la dejan en libertad se puede quedar en el país como indocumentado.
Pero el porcentaje más alto de las personas que están detenidas es justamente por este último. Los oficiales temen que se les escape, lo que en inglés llaman “Risk of Fly”.
El reporte de Human Rights Watch y Amnesty International es sumamente importante, pero para que el gobierno canadiense pueda cumplir con sus recomendaciones tienen que ocurrir dos cosas: o sueltan a las personas y no las arrestan por infracciones menores a la ley de inmigración, o van a tener que construir más centros de detención de inmigración.
Porque ese es básicamente el problema. Un indocumentado, por ejemplo, que es arrestado cuando está cometiendo una ofensa criminal, automáticamente lo mandan a una cárcel provincial y ahí después queda arrestado también por el tema de inmigración. Pero si es un caso simplemente de haber faltado a los reglamentos inmigratorios, deberían ser enviados al centro de detenciones.
Entonces, la solución es esa, que dejen de arrestar a tantas personas por cuestiones migratorias menores o que se construyan más centros de detención.
En el pasado, los centros de detención generalmente funcionaban en hoteles en los cuales alquilaban algunas áreas en la parte posterior. Ahora tenemos los Centros de Detenciones de Inmigración, pero, como ya mencioné, no se dan abasto.
Algo importante que hay que indicar es que, durante la pandemia, debido al temor al contagio, los Centros de Detenciones de Inmigración prácticamente fueron vaciados. Las autoridades pusieron a las personas en libertad, pero no hicieron lo mismo con las personas que estaban detenidas en las cárceles por razones migratorias.
El tema es que, si se puso en libertad a los detenidos por razones migratorias durante la pandemia, definitivamente quedó demostrado que sí se puede liberarlas y no es necesario tenerlos encerrados en los centros de detenciones.
Habrá que esperar el efecto de este reporte y las campañas tanto en el gobierno federal de Canadá como en cada una de las provincias, que son claves en esta problemática. Dependerá del gobierno de cada provincia, y de la magnitud de dichas campañas. El pedido de Human Rights Watch y Amnesty International puede tener un gran peso entre los líderes de derechos humanos y los políticos más progresistas.
Vilma Filici, presidenta de Filici Immigration Services, es profesora de leyes de inmigración y refugio en Seneca College Toronto, y asesora en materia de inmigración para diversas organizaciones comunitarias. Escribe sobre asuntos migratorios en varios medios hispanos de Toronto y es fuente de información para, entre otros, los diarios Toronto Star y Toronto Sun, y las emisoras Radio Canadá y CBC.
