Por Vilma Filici
En mayo del 2022 escribí una columna sobre una demanda judicial que un grupo de inmigrantes y organizaciones defensoras de los derechos humanos había lanzado contra el gobierno federal por encerrar en cárceles provinciales comunes a los inmigrantes detenidos. Dos años después, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario ha certificado dicha demanda colectiva contra el gobierno federal.
La certificación significa que el tribunal cree que hay pruebas suficientes para justificar la demanda, pero sólo un juicio futuro determinará si el grupo de inmigrantes detenidos o el gobierno federal gana el caso. La demanda pide 100 millones de dólares en daños y perjuicios, que se dividirán entre los demandantes si ganan.
La demanda representa a 8,360 personas que fueron detenidas en 87 cárceles provinciales y territoriales por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) entre 2016 y 2023.
En la decisión emitida la semana pasada, el tribunal rechazó cada una de las 15 objeciones planteadas por los abogados del gobierno federal que intentaban detener el proceso.
“Los inmigrantes detenidos fueron encarcelados en prisiones provinciales y encontraron las mismas condiciones que los reclusos criminales, incluida la mezcla con delincuentes violentos, el uso de medios de inmovilización como grilletes y esposas, registros al desnudo y severas restricciones de contacto y movimiento”, escribió el juez Benjamin Glustein.
Los abogados que presentaron la demanda dijeron que el propósito de las cárceles es castigar únicamente a las personas que han cometido delitos graves, y que por lo tanto nadie que no esté condenado por un delito, o que no esté acusado de un delito, debe ser colocado en ese tipo de lugares.
Los inmigrantes detenidos, de hecho, no están acusados penalmente y se supone que su detención no es punitiva, sin embargo están detenidos de forma indefinida por una de tres razones: a) La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) cree que es “poco probable que comparezcan” para su deportación u otro asunto de inmigración; b) su identidad no ha sido confirmada, o c) porque la CBSA cree que son un “peligro para el público”, generalmente debido a cargos penales anteriores por los que ya han cumplido una sentencia.
De hecho, los datos presentados en la demanda plantean que la gran mayoría de los detenidos (más del 80 por ciento) están recluidos en cárceles provinciales de máxima seguridad únicamente porque es “poco probable que comparezcan” para su deportación u otro asunto.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch y Amnesty International han dado a conocer reportes en los que establecen que Canadá está violando los derechos humanos y específicamente los derechos fundamentales de libertad a los migrantes que son detenidos por el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC).
Concretamente se refieren al hecho de que una persona que es detenida por una cuestión migratoria, ya sea porque se quedó más del tiempo autorizado en el país, porque trabajó sin permiso, porque estudió sin permiso, etc., puede terminar siendo detenida en una cárcel común, en una cárcel de las provincias, o en el mejor de los casos en un Centro de Detención.
Las dos organizaciones plantean que esto es injusto y en contra de la libertad de estas personas, y lanzaron una campaña en la cual le piden a los Premieres de las distintas provincias del país que no le permitan al gobierno federal poner a inmigrantes en las cárceles comunes de sus provincias.
Hay que recordar que el gobierno federal tiene acuerdos con las provincias para que se les permita poner a los detenidos migratorios en las cárceles comunes, ya que los centros de detenciones no dan abasto para el número de personas detenidas. Únicamente hay tres Centros de Detención de Inmigración a través de todo el país
En teoría, las provincias del país ya han eliminado esta práctica, sin embargo, las provincias de Ontario y Quebec aún continúan encerrando inmigrantes en sus cárceles comunes de forma provisional, a petición de gobierno federal.
Una pregunta clave que se debe hacer es ¿cuál es la diferencia entre tener a los inmigrantes detenidos en un Centro de Inmigración, que son centros de detención manejados por el IRCC, y tenerlos en una cárcel común?
La diferencia es abismal.
Primeramente, cuando detienen a una persona por cuestiones migratorias, les ponen esposas en la manos y cadenas en los pies como si fuesen criminales peligrosos, lo cual no es para nada cierto y es absolutamente innecesario traumatizar a las personas de esta manera. Luego, hay una diferencia tremenda entre llevarlos a un centro de detención y a una cárcel.
En el centro de detención, por ejemplo, la persona está en cuartos comunes con las puertas abiertas. Igual están detenidos, hay guardias y no pueden salir, etc., pero pueden ir a las áreas comunes donde se juntan y hablan con todos los demás detenidos. Tienen acceso al teléfono en cualquier momento, pueden tener el número de visitantes que quieran durante el horario de visitas, etc., mientras que en las cárceles provinciales, aunque sean detenidos de inmigración, son tratados exactamente como los presos por crímenes.
Así, en las cárceles, los inmigrantes están detenidos en celdas la mayor parte del del día, solamente tienen un periodo corto para hacer algo de ejercicio, pueden tener solamente dos llamadas telefónicas por semana, y pueden tener solamente dos visitantes por semana (y eso incluye a sus abogados). Es decir que los tratan como si fuesen personas peligrosas para la sociedad. Además, los detenidos de inmigración sufren las mismas consecuencias que los presos comunes cuando hay cierres o alarmas en las cárceles, lo que implica que les suspenden las visitas, no tienen acceso a llamadas telefónicas, etc.
Y las detenciones por inmigración son, como dije anteriormente, por haber faltado a las leyes de inmigración, por trabajar sin permiso, etc.
El otro problema que señalaron los abogados en la demanda judicial es que no hay una idea de cuándo se va a terminar la detención, lo cual también es traumatizante para el detenido por qué no se ve una luz al final del túnel. Una persona puede estar detenida durante meses o años, y lo hemos visto, simplemente porque les falta documentación o por otros motivos menores.
Otro elemento de vital importancia a destacar es que cuando a una persona la detienen por un asunto migratorio, esta tiene la posibilidad de ser puesta en libertad por el mismo oficial que la detiene. Si esto no sucede, la persona tiene derecho a una audiencia para que un miembro de la División de Inmigraciones decida si lo sueltan o no dentro de las 48 horas de haber sido detenido, y si no la sueltan, tiene otra posibilidad de otra audiencia a los 7 días de la primera. Y si tampoco la sueltan, tiene otra audiencia a los 30 días de la segunda, y luego las siguientes cada 30 días.
Pero hemos visto casos dónde las personas han estado detenidas por meses y meses, y el factor principal de por qué están detenidas es porque un miembro del Consejo de la División de Inmigración o un Oficial de Inmigración han determinado que la persona tiene que mantenerse detenida debido a que es un peligro para la sociedad, porque no está identificada, no tiene documentación, porque es un peligro para la sociedad en términos de terrorismo o crímenes de lesa humanidad, etc., o porque si la dejan en libertad se puede quedar de forma indocumentada.
En el pasado los centros de detención generalmente funcionaban en hoteles en los cuales alquilaban algunas secciones, en la parte de atrás de los hoteles. Ahora tenemos los Centros de Detenciones de Inmigración, pero no dan abasto y por eso los encierran en cárceles comunes.
Hasta el momento, el gobierno federal aún no ha indicado si apelará la decisión del tribunal.
