Quebec acudirá al Tribunal Supremo para impedir que los hijos de solicitantes de asilo tengan acceso a los Centros de Primera Infancia (CPE) y a las guarderías subvencionadas de la provincia.
La ministra de las Familias, Suzanne Roy, explicó el miércoles que “discrepa profundamente de la interpretación de los jueces” del Tribunal de Apelación. El gobierno también ha solicitado una suspensión de la ejecución.
El 7 de febrero, el Tribunal de Apelación dictaminó que los solicitantes de asilo que tuvieran un permiso de trabajo podían confiar a sus hijos a un servicio de guardería subvencionado y beneficiarse así de una contribución reducida.
El tribunal dictaminó que la regulación gubernamental, que priva a los solicitantes de asilo de servicios de cuidado infantil subsidiados, discrimina a las mujeres y contraviene la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
Esta decisión confirmó la dictada el 25 de mayo de 2022 por el juez Marc St-Pierre, del Tribunal Superior, que había determinado que la denunciante, Bijou Cibuabua Kanyinda, tenía derecho a servicios de cuidado infantil.
La Sra. Kanyinda, originaria de la República Democrática del Congo, entró en Quebec con sus tres hijos pequeños en 2018 por Roxham Road y presentó una solicitud de asilo.
Antes de obtener el estatuto de refugiada, recibió un permiso de trabajo y buscó en vano una plaza para sus hijos en tres guarderías.
Durante el procedimiento, el abogado del Gobierno afirmó en particular que el objetivo del legislador es “dar asistencia financiera a las personas que tienen un vínculo suficiente con Quebec”.
Añadió que el Estado no puede dar por sentado que una persona que solicita asilo permanecerá en Quebec.
Este debate surge de una directiva emitida por el gobierno liberal de Philippe Couillard en 2018, según la cual las plazas con cotización reducida no deberían ser accesibles a los solicitantes de asilo.
Triste
El miércoles, el portavoz de Québec solidaire en inmigración, Guillaume Cliche-Rivard, consideró “decepcionante” la lucha emprendida por la Coalición Avenir Québec (CAQ).
“Es preocupante ver que el gobierno del CAQ persiste en señalar con el dedo a los solicitantes de asilo. No es impidiendo que sus hijos asistan a nuestro CPE que la situación mejorará”, afirmó.
“Pido al CAQ que respete la sentencia del Tribunal de Apelación e integre rápidamente a estos niños en los entornos de vida quebequenses, para iniciar su afrancesamiento.
“El gobierno insiste en gastar decenas de miles de dólares de fondos públicos para impugnar un caso que ya ha perdido dos veces. “No sólo es inconveniente, sino también improductivo”, añadió.
Una petición lanzada por QS y firmada por casi 2.000 personas destacó el año pasado que los servicios de cuidado infantil subsidiados son “una importante herramienta de integración” para los recién llegados.
Inscripciones para el lugar 0-5
Los solicitantes de asilo podrán seguir inscribiéndose en la Ventanilla Única para acceder a los servicios educativos de guardería, Plaza 0-5, se lee en una directiva enviada a la red el miércoles.
Sin embargo, deberán presentar una copia de su permiso de trabajo expedido de conformidad con la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados para obtener una plaza.
“Especificemos que si por el momento se permite la admisión de un hijo de solicitantes de asilo que tengan un permiso de trabajo, es posible que ya no se permita a muy corto plazo si se concede la solicitud de aplazamiento”, advierte.
En la oficina del Ministro Roy decimos que somos “sensibles a la situación de los solicitantes de asilo” y señalamos que sus hijos tienen acceso a servicios de guardería no subsidiados.
“Sin embargo, debemos ser realistas y coherentes. (…) Quebec acoge al 55% de los solicitantes de asilo en Canadá, aunque sólo representa el 22% de su población”, se destacó.
Desde hace varios meses, el primer ministro François Legault insta a su homólogo canadiense, Justin Trudeau, a frenar la afluencia de solicitantes de asilo.
“La situación se ha vuelto insoportable”, declaró Legault el 18 de enero.
El gobierno del CAQ afirma que los costos asociados con la acogida de los solicitantes de asilo ahora superan los mil millones de dólares y continúa exigiendo el reembolso del gobierno federal.
