Por Vilma Filici
Esta semana ha hecho noticia una demanda colectiva en contra del gobierno canadiense, iniciada por dos inmigrantes que fueron detenidos y encerrados en cárceles provinciales de máxima seguridad, quienes alegan que esta práctica viola la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.
Los abogados que están presentando la demanda dicen que el propósito de las cárceles es castigar únicamente a las personas que han cometido delitos graves y que, por lo tanto, nadie que no esté condenado por un delito, o que no esté acusado de un delito, debe ser colocado en ese tipo de lugares.
Los inmigrantes detenidos, de hecho, no están acusados penalmente y se supone que su detención no es punitiva, sin embargo están detenidos de forma indefinida por una de tres razones: a) La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) cree que es “poco probable que comparezcan” para su deportación u otro asunto de inmigración; b) su identidad no ha sido confirmada, o c) porque la CBSA cree que son un “peligro para el público”, generalmente debido a cargos penales anteriores por los que ya han cumplido una sentencia.
De hecho, los datos presentados en la demanda plantean que la gran mayoría de los detenidos (más del 80 por ciento) están recluidos en cárceles provinciales de máxima seguridad únicamente porque es “poco probable que comparezcan” para su deportación u otro asunto.
El año pasado, las organizaciones defensoras de los derechos humanos Human Rights Watch y Amnesty International dieron a conocer un reporte en el que establecen que Canadá está violando los derechos humanos y específicamente los derechos fundamentales de libertad a los migrantes que son detenidos por el Departamento de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía (IRCC).
Concretamente se refieren al hecho de que una persona que es detenida por una cuestión migratoria, ya sea porque se quedó más del tiempo autorizado en el país, porque trabajó sin permiso, porque estudió sin permiso, etcétera, puede terminar siendo detenida en una cárcel común, en una cárcel de las provincias, o en el mejor de los casos en un Centro de Detención.
Las dos organizaciones plantean que esto es injusto y en contra de la libertad de estas personas, y lanzaron una campaña en la cual le piden a los Premieres de las distintas provincias del país que no le permitan al gobierno federal poner a inmigrantes en las cárceles comunes de sus provincias.
Hay que recordar que el gobierno federal tiene acuerdos con las provincias para que se les permita poner a los detenidos migratorios en las cárceles comunes, ya que los centros de detenciones no dan abasto para el número de personas detenidas. Únicamente hay tres Centros de Detención de Inmigración a través de todo el país
Pero aquí la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre tener a los inmigrantes detenidos en un Centro de Inmigración, que son centros de detención manejados por el IRCC, y tenerlos en una cárcel común? Y la diferencia es abismal.
Primeramente, cuando detienen a una persona por cuestiones migratorias, les ponen esposas en la manos y cadenas en los pies como si fuesen criminales peligrosos, lo cual no es para nada cierto y es absolutamente innecesario traumatizar a las personas de esta manera. Luego, hay una diferencia tremenda entre llevarlos a un centro de detención y a una cárcel.
En el centro de detención, por ejemplo, la persona está en cuartos comunes con las puertas abiertas. Igual están detenidos, hay guardias y no pueden salir, etc., pero pueden ir a las áreas comunes donde se juntan y hablan con todos los demás detenidos. Tienen acceso al teléfono en cualquier momento, pueden tener el número de visitantes que quieran durante el horario de visitas, etc., mientras que en las cárceles provinciales, aunque sean detenidos de inmigración, son tratados exactamente como los presos por crímenes.
Así, en las cárceles, los inmigrantes están detenidos en celdas la mayor parte del del día, solamente tienen un periodo corto para hacer algo de ejercicio, pueden tener solamente dos llamadas telefónicas por semana, y pueden tener solamente dos visitantes por semana (y eso incluye a sus abogados). Es decir que los tratan como si fuesen personas peligrosas para la sociedad. Además, los detenidos de inmigración sufren las mismas consecuencias que los presos comunes cuando hay cierres o alarmas en las cárceles, lo que implica que les suspenden las visitas, no tienen acceso a llamadas telefónicas, etc.
Y las detenciones por inmigración son, como dije anteriormente, por haber faltado a las leyes de inmigración, por trabajar sin permiso, etc.
El otro problema que están señalando los abogados en la demanda judicial y que también cita el reporte es que no hay una idea de cuándo se va a terminar la detención, lo cual también es traumatizante para el detenido por qué no se ve una luz al final del túnel. Una persona puede estar detenida durante meses o años, y lo hemos visto, simplemente porque les falta documentación o por otros motivos menores. El promedio de detenciones, según el reporte, es aproximadamente 13 días.
Otro elemento de vital importancia a destacar es que cuando a una persona la detienen por un asunto migratorio, esta tiene la posibilidad de ser puesta en libertad por el mismo oficial que la detiene. Si esto no sucede, la persona tiene derecho a una audiencia para que un miembro de la División de Inmigraciones decida si lo sueltan o no dentro de las 48 horas de haber sido detenido, y si no la sueltan, tiene otra posibilidad de otra audiencia a los 7 días de la primera. Y si tampoco la sueltan, tiene otra audiencia a los 30 días de la primera, y luego las siguientes cada 30 días.
Pero hemos visto casos dónde las personas han estado detenidas por meses y meses, y el factor principal de por qué están detenidas es porque un miembro del Consejo de la División de Inmigración o un Oficial de Inmigración han determinado que la persona tiene que mantenerse detenida debido a que es un peligro para la sociedad, porque no está identificada, no tiene documentación, porque es un peligro para la sociedad en términos de terrorismo o crímenes de lesa humanidad, etc., o porque si la dejan en libertad se puede quedar de forma indocumentada.
El reporte de Human Rights Watch y Amnesty International es sumamente importante, pero para que el gobierno canadiense pueda cumplir con sus recomendaciones tienen que pasar dos cosas: o sueltan a las personas y no las arrestan por infracciones menores a la ley de inmigración, o van a tener que construir más centros de detención de inmigración.
Porque eso es básicamente el problema. Un indocumentado, por ejemplo, que es arrestado cuando está cometiendo una ofensa criminal, automáticamente lo mandan a una cárcel provincial y ahí después queda detenido también por inmigración. Pero si es un caso simplemente de haber faltado a los reglamentos de inmigración, deberían ser enviados al centro de detenciones.
Entonces, la solución es esa, que dejen de detener a tantas personas por cuestiones migratorias menores o que se construyan más centros de para la detención.
En el pasado los centros de detención generalmente funcionaban en hoteles en los cuales alquilaban algunas secciones, en la parte de atrás. Ahora tenemos los Centros de Detenciones de Inmigración, pero no dan abasto.
Pero algo importante que hay que mencionar es que durante la pandemia lo que sucedió fue que, por el temor de contagio, los Centros de Detenciones de Inmigración prácticamente fueron vaciados, las autoridades pusieron a las personas en libertad, pero no hicieron lo mismo con las personas que estaban detenidas en las cárceles por razones migratorias, ellos no fueron puestos en libertad por el tipo de cárceles donde se encontraban, más que nada.
El tema es que si se puso en libertad a los detenidos por razones migratorias durante la pandemia, definitivamente quedó demostrado que sí se puede liberar a estas personas y no es necesario tenerlos encerrados en los centros de detenciones.
Habrá que esperar lo que suceda con la demanda judicial colectiva iniciada por el mexicano Alexis García Páez y el granadino Tyron Richard, porque el dictamen que den en este caso las autoridades encargadas de aplicar la justicia en Canadá va a cambiar el trato a los inmigrantes que llegan al país.
Vilma Filici, presidenta de Filici Immigration Services, es profesora de leyes de inmigración y refugio en Seneca College Toronto, y asesora en materia de inmigración para diversas organizaciones comunitarias. Escribe sobre asuntos migratorios en varios medios hispanos de Toronto y es fuente de información para, entre otros, los diarios Toronto Star y Toronto Sun, y las emisoras Radio Canadá y CBC.