Por Alejandro Estivill, Cónsul General de México en Montreal
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El pasado 4 de agosto, se dio un paso de enorme peso para la justicia internacional. México presentó una demanda civil, en una corte federal de Boston, contra las principales empresas productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos. El 14 de enero de 2022, reconociendo el impacto local e internacional generado por esta demanda, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcel Ebrard, recibió el nombramiento de “Persona del Año” por parte de la Arms Control Association.
Estos datos son relevantes para Quebec y Montreal. Aquí se ha elevado un debate cada vez más intenso sobre cómo la presencia creciente de armas ha dado pie a un incremento de situaciones inaceptables de violencia, que simplemente no ocurrirían si los perpetradores no hubieran tenido un acceso fácil a armas que las leyes canadienses no permiten.
¿Por qué México inicia esta demanda? ¿Por qué la acción es única y motivo de una de las más denodadas reflexiones entre especialistas de la justicia y las relaciones internacionales? En primer término, para el público quebequense puede ser interesante notar que no es una demanda dirigida a un gobierno o a quien haya podido fallar como autoridad en controlar un proceso de distribución de armas. Ya existe una larga historia de negociación con autoridades estadunidenses para buscar —con poco éxito—la limitación del flujo irresponsable de armas.
Pero esta es una demanda distinta. Apunta directo a los productores porque sus prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, facilitan el tráfico ilegal en el ámbito internacional y —al menos en el caso de México pero no necesariamente de manera menos relevante en otras latitudes— causan un daño humano descomunal.
Nos escandaliza la forma en que, con una facilidad inusitada, un supremacista pudo adquirir por Internet un “cuerno de chivo” (el fusil de asalto AK-47) para moverse unos kilómetros a El Paso, Texas, llevando consigo su locura y odio racista para asesinar a 23 personas en agosto de 2019. Igualmente cualquier criminal (u organizaciones criminales de gran fuerza) adquiere en el mercado de armas estadounidense lo que le viene en gana, de cualquier calibre, incluso para fines exclusivos militares.
Esa laxitud del comercio de armas es evidente en supermercados, ferias de armas e Internet, y los productores la aprovechan. No sólo no se sorprenden y no se limitan, sino que, atraídas por el beneficio económico que les significa al ámbito internacional, las empresas practican campañas de publicidad para criminales y generan, sin reflexionar sobre el daño inaudito que causan en la cotidianeidad de otros países, productos que llegan a incluir grabados o nombres explícitos hacia su uso criminal.
El 70% de armas recuperadas en escenas del crimen en México provinieron de Estados Unidos. Entre 500 mil y 800 mil armas ingresan ilícitamente de ese país a México anualmente y causaron alrededor de 25,000 asesinatos. Eso ha significado, además de las irreparables pérdidas humanas, un costo por violencia que en México provoca una reducción del PIB de entre 2 y 6%. Y estas son cifras frías, que no expresan el dolor de cada persona y cada familia. Por el contrario, lejos de incentivar una preocupación sobre los efectos de su producto, las empresas se ceban en que este mal continúe por su beneficio económico buscando promover armas cada vez más letales y sin dispositivos de seguridad o trazabilidad.
Algunos pensarían que esta acción mexicana enfrentará dos grandes barreras. Primero, suponían que el propio gobierno de Estados Unidos actuaría contra la iniciativa por ser contraria a la preservación irrestricta de las “libertades constitucionales” que ofrece a sus ciudadanos para comprar y poseer armas, noción expresa en la “Segunda enmienda” a su Constitución (mucho se podría escribir sobre los fundamentos de dicha enmienda, concebidos en 1791 para dotar a los ciudadanos de capacidades de defensa y eventual organización en milicias específicamente para casos de gobiernos tiránicos). Nada que ver. La demanda es independiente de ese hecho y no cuestiona las disposiciones legales de Estados Unidos ni el accionar de su gobierno, además de que las organizaciones criminales que usan esas armas allende sus fronteras no podrían, ni lejanamente, acogerse a la Segunda Enmienda.
En segundo lugar, se pensaría que la demanda chocaría con la famosa Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA de 2005) orientada a que los productores de armas no puedan ser demandados por los efectos de sus productos. Pero esta ley se limita a los efectos en Estados Unidos. Para Canadá y otros países, resulta interesante que se trata de una relación directa de litigio con esos productores y distribuidores al margen de PLCAA, ya que los respectivos daños detonados ocurren en otro país.
El sentido medular del acto es que, si bien el Gobierno de México reclama una compensación económica por daños, fundamenta sus motivaciones en lograr medidas auto-regulatorias de las empresas para prevenir y combatir el mercado ilícito de armas, disminuir el poder destructivo de grupos criminales y salvar vidas. Se intenta que las empresas remedien lo ocasionado, apliquen normas para controlar su distribución, incluyan dispositivos para prevenir el uso de esas armas por usuarios no autorizados, financien estudios, programas, campañas publicitarias para prevenir tráfico y uso criminal de sus productos.
Termino subrayando que hay ya recientes antecedentes legales que dan mayor sustento a esta acción: la resolución de un juez de California contra Smith & Wesson que sabía que su rifle AR-15 podía ser modificado —y no hizo nada— para convertirlo en ametralladora; o la necesidad que tuvo Remington de ofrecer una cuantiosa cantidad como arreglo frente a los padres de familia afectados por el uso de uno de sus productos, y o la demanda contra Century Arms por negligencia ya que su “cuerno de chivo” fue parte de un ataque en Gilroy, California.
Reflexionemos así: es factible exigir sin titubeos a una armadora de coches que haga lo correspondiente con medidas de seguridad y control para que en el uso de su producto no se sacrifiquen vidas humanas, para que tenga bolsas de aire, para que no se promueva su uso irresponsable, para que no sea modificado con fines de mayor violencia. ¿Por qué no habrá igualmente la posibilidad de obligar a quien produce un arma a que se sume a la valoración de la vida y tome responsabilidad de lo que su producto causa por su negligencia, su publicidad, su distribución y venta irrestricta, con inconmensurables daños y dolor humano, por lo pronto, en otros países. Y nadie más sensible a ello que una sociedad que entiende la responsabilidad integral de los negocios frente a los riesgos —desde la producción hasta el último uso de un objeto— como es la sociedad canadiense.
Alejandro Estivill es diplomático de carrera del Servicio Exterior de México, con el rango de Embajador. Se ha desempeñado principalmente en América del Norte, y en las áreas de cultura y asuntos consulares. Es escritor y ha publicado las novelas El hombre bajo la piel, Alfil, los tres pecados del elefante, premio AKRÓN novela negra 2019. Es promotor cultural y especialista en lingüística e intercambio cultural internacional.