Siguiente paso: la expulsión

Por Lisa-Marie Gervais / Traducido al español por Carlos Bracamonte (*)

Los trabajadores temporales guatemaltecos que afirmaron ser víctimas de fraude e impugnaron su expulsión del país ante el Tribunal Federal, perdieron finalmente el caso. Tras agotar todos los recursos legales, los quince trabajadores agrícolas, la mayoría de los cuales estuvo en Canadá por más de dos años, se enfrentan a la deportación. “Fuimos esclavos modernos para Canadá”, lanza con la voz quebrada al teléfono Juan Godoy, uno de ellos.

En el 2016, el señor Godoy arribó a Quebec junto a sus compatriotas para trabajar en una empresa avícola gracias al Programa Federal de Trabajadores Extranjeros Temporales. Al sentirse maltratados, abandonaron la granja alentados por el empresario Esvin Cordon, quien les ofreció mejores condiciones de trabajo en su agencia de colocación Les Progrès Inc. en la ciudad de Victoriaville.

Sin embargo, al hacerlo, los trabajadores no sabían que pasaban a la condición de ilegales porque su visa emitida por el gobierno federal los vinculaba con su primer empleador.

Además de no haber visto nunca el color del permiso de trabajo prometido por el Sr. Cordon y por el que habrían pagado alrededor de $ 4,500 (la solicitud nunca se habría presentado), fueron arrestados en octubre de 2016 durante una operación sorpresa de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC, por sus siglas en francés). Es este arresto el que impugnaron ante el Tribunal Federal, al considerar que sus derechos habían sido violados debido a confusiones y fallas procesales.

El Sr. Cordon y su compañía fueron objeto de una investigación. Hasta ahora no se han presentado cargos contra él ni contra su empresa, y la ASFC se niega a informar si la investigación ha culminado.

Doble frustración

Juan Godoy afirmó que no esperaría hasta la fecha de su expulsión y que se iría por su propia voluntad en enero de este año. Extraña a su esposa y a sus cuatro hijos, y siente que no le queda nada más por hacer en un país que lo ha traicionado: “Todo lo que hemos hecho es trabajar duro para demostrarle al gobierno que somos buenas personas, y terminamos cerrando la puerta como si fuéramos delincuentes”.

Con amargura dice que experimenta una doble frustración. La de haber perdido dos años de su vida para al final irse por la puerta de salida y, sobre todo, ver que el instigador de todas sus desgracias, según él, sigue libre y dirigiendo su negocio con impunidad. “Nos robaron y la ASFC ni siquiera nos hace el favor de al menos cobrarle a Esvin Cordon y decirle que nos devuelva nuestro dinero”.

Viviana Medina, agente comunitaria del Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI), lamenta que el juez del Tribunal Federal no esperara los hallazgos de los otros casos antes de pronunciarse. El Sr. Cordon será llamado a declarar ante el tribunal administrativo de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sobre las quejas financieras y denuncia de acoso psicológico. Por ahora, la ausencia de un cargo en su contra ha dañado el expediente de los trabajadores, cree la Sra. Medina.

“Si lo condenan, estaremos hablando de un caso de trata de personas”, afirma sin rodeos. En su opinión, esto también obligaría al gobierno federal a cuestionar el programa de trabajadores extranjeros temporales, que, según ella, vincula al trabajador con un solo empleador y lo coloca en una posición vulnerable.

Ni el Sr. Cordon ni su abogado atendieron las llamadas del diario Le Devoir.

No se violaron los derechos

En su decisión, la jueza Martine St-Louis no dio la razón a los trabajadores que querían invalidar el arresto alegando que no habían tenido derecho a un intérprete en español ni a un abogado dentro de los plazos. Las respuestas dadas a las preguntas de la ASFC no pudieron ser usadas en su contra ni sirvieron para incriminarlos, argumentó su abogada, Susan Ramírez.

La jueza St-Louis tenía otra opinión: “En cualquier caso, de acuerdo con la evidencia en el expediente, el Tribunal no puede concluir que los derechos del demandante garantizados por la sección 10 de la Carta hayan sido violados”, dice la sentencia. Para ella, el retraso en la obtención de los servicios de un abogado fue “aceptable para las circunstancias”, al igual que el hecho de que un intérprete tradujo las instrucciones a través del altavoz de un celular.

La magistrada resaltó que los demandantes nunca impugnaron el hecho de que violaron la ley al cambiar de empleador y continuar trabajando en el país sin una licencia. La ignorancia de la ley no les daba el derecho de evadir las condiciones de su estancia en suelo canadiense, sostuvo.

La abogada Susan Ramírez lamenta que el juez considere “aceptable” que las consultas con los abogados se realicen en grupo y sin confidencialidad. “Esto contradice toda la jurisprudencia en derecho penal”, afirma. “El cartel de los Hells Angels, que son arrestados como grupo, tiene el derecho de tener su propio abogado, pero los inmigrantes no parecen tener ese mismo derecho”.

El fallo de este caso, cuyas audiencias se llevaron a cabo a fines de junio de 2018, llevaba mucho retraso ya que también fue la primera vez que los trabajadores agrícolas eran escuchados por un tribunal y que podían presentar otras denuncias, especialmente ante la Comisión de Derechos Humanos y la CNESST.

Sin embargo, esto no los protege de la deportación. Lo único que lo impediría es la solicitud de una Evaluación de Riesgos Previa a la expulsión (ERAR, por sus siglas en francés) que presentaron. Se trata de un último recurso que requiere pruebas sólidas de exponerse a un peligro inminente y que es raramente aceptado.

(*) Artículo publicado originalmente por el diario Le Devoir; ha sido traducido y publicado con la autorización de su autora.

Lisa-Marie Gervais es periodista en Le Devoir desde 2009. Cubre temas de inmigración y diversidad, con un gran interés en asuntos internacionales. Es políglota y tiene una licenciatura en periodismo de la UQAM y una maestría del Instituto de Estudios Políticos de París. Forma parte del consejo editorial de la revista Projet Nouvelle.

Carlos Bracamonte es comunicador social, agente comunitario y especialista en gestión de proyectos y responsabilidad social empresarial (RSE). Publica una columna sobre historias de inmigrantes en NM Noticias. Es editor de la revista Hispanophone de Canadá. Lea más artículos del autor.